jueves, 6 de septiembre de 2007

Tendrán que probarlas: Emeterio López

Inicia investigación la Procuraduría estatal
por difamaciones contra el Gobernador


La Procuraduría General de Justicia iniciará de oficio una investigación ministerial en contra de Íñigo Antonio Laviada Hernández y quienes resulten responsables, por las declaraciones públicas realizadas ayer y divulgadas en distintos medios de circulación nacional, en las que, entre otras cosas, se vierten en contra del Gobernador Fidel Herrera Beltrán expresiones carentes de veracidad, referente al proceso electoral y afirmaciones temerarias, falaces y difamatorias a su persona.

En conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia, Emeterio López Márquez, dijo que en ejercicio de sus facultades, instruyó mediante oficio pgj/sp/6226 de esta fecha, a un agente del Ministerio Público Auxiliar para que inicie la investigación ministerial sobre lo publicado en la prensa, como por ejemplo cuando se refieren a que lo de las campañas “fue un gasto exagerado que provino, desde luego de fuentes de gobierno, y de fuentes ilícitas, incluso como el narcotráfico” o que “nosotros tenemos elementos dado el comportamiento de la elección, para sostener que fueron recursos ilegales altamente probables del narcotráfico”.

“Indudablemente que esta afirmación temeraria –señaló el Fiscal del Estado-- tendrán que probarla ante el Ministerio Público, porque no es admisible hacer manifestaciones sin razón y fundamento, como también, sin que exista el más mínimo conocimiento u objetividad de hechos como el acontecido en Paso de Ovejas, el 31 de agosto, en donde resultó lesionado por impacto de arma de fuego Manuel Hernández Herrera, ajeno a todo el proceso electoral, no sólo porque se desprende de la investigación ministerial, sino porque también lo ha externado su señor padre Efraín Hernández Valdés, y pretendan tenerlo como pretexto vinculándolo con el proceso electoral”

El Procurador externó que tampoco es admisible que el diputado Iñigo Laviada, sin el más mínimo respeto a la sociedad que representa, como es el distrito electoral federal de Tuxpan, muestre públicamente una pancarta con una afirmación difamante, a todas luces falta de ética, de un legislador que ni siquiera enterado está del problema legal que se investiga.

Por último, manifestó que si “están decididos a agotar las instancias legales, para lograr la anulación de la elección”, están en lo correcto, luego entonces, no se explica por qué tiene que acudir a otros espacios a ventilar situaciones que sólo deben ser resueltas por instancias jurídicas competentes, no olvidando que vivimos en un estado de derecho, donde previamente existen estas.

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